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¿SOCIEDADES INTERPUESTAS? NUEVOS CRITERIOS EN LA AEAT

La Agencia tributaria ha emitido una nueva nota para dar a conocer los criterios efectivamente aplicados en los últimos procedimientos de comprobación e inspección, cuando existen sociedades por medio de las que, en la práctica, lo que se articula es la organización de un patrimonio o una actividad personal de los socios.

Esta nota da por sentado un uso de tales sociedades como entidades interpuestas, a través de las que los socios parece que pretenden esencialmente tres objetivos:

Tributar a un tipo impositivo menor que en el Impuesto sobre la Renta.

En su caso, diferir la carga impositiva, acumulando beneficios no distribuidos en la sociedad

Convertir en gastos deducibles los que son consumos estrictamente privados: de vehículos o embarcaciones, los del propio domicilio o de una segunda residencia, los relativos a salidas, viajes, restaurantes y otros,

En ocasiones, ciertamente,

O bien la sociedad carece de actividad significativa, siendo en todo punto una entidad patrimonial,

O bien es una sociedad a menudo unipersonal, que tiene por actividad la misma que ejercen los socios simultáneamente, y por la que también figuran dados de alta a título personal, distribuyendo a conveniencia la facturación.

El procedimiento que sigue la inspección en estos casos, en su versión más expeditiva se concreta en dos actuaciones específicas:

Dar por inexistente la sociedad, incluso anulando las liquidaciones por el Impuesto sobre Sociedades y reembolsando a la sociedad las liquidaciones ingresadas por ese tributo.

Atribuir las rentas generadas por esa sociedad directamente a los socios, por lo general como rendimientos de trabajo personal, e integrándolas en su declaración en el Impuesto sobre la Renta.

Esa regularización comporta una radical restricción por cuanto a los gastos deducibles y también un ajuste en las cuotas liquidadas por el Impuesto sobre el Valor Añadido.

Sin embargo, estos criterios no se concilian con las definiciones contenidas en la regulación del Impuesto sobre Sociedades, ni tampoco con la anterior nota 1/2012 acerca del tratamiento fiscal de las rentas obtenidas por los socios que son miembros del órgano de administración de la sociedad, o le prestan servicios, sea de carácter profesional, sea de trabajo personal a esa entidad.

El próximo programa de Soporte Profesional en YC – DIGITAL HALL analiza las distintas situaciones descritas en las referidas notas, establece los gastos susceptibles de regularización y las consecuencias de la traslación de las rentas de la sociedad a las declaraciones personales de los socios, a través de diversos supuestos concretos, con evaluación del mayor coste impositivo y determinación de las eventuales sanciones aplicables.

Como siempre, la exposición se desarrolla mediante casos prácticos resueltos en una herramienta Excel que los participantes obtienen al terminar la sesión. 

 

SANCIONES MODELO 720 ¿UNA NUEVA CLÁUSULA SUELO?

LAS SANCIONES POR EL MODELO 720 ¿UNA NUEVA «CLÁUSULA SUELO»?

Preparando la declaración a presentar hasta el próximo primero de abril, es posible que el asesor se encuentre ante bienes o derechos no declarados en su momento o declarados incorrectamente en su día .

Antes de dar cualquier paso, es importante tener en cuenta el
elevadísimo coste en que innecesariamente podrían incurrir los declarantes a causa del régimen sancionador.

La legislación española impone sanciones
desproporcionadas en la no presentación o en la presentación incorrecta del modelo 720 de unos datos que incluso ya le constan.

Saciones
desproporcionadas respecto de otros estados de la Unión Europea, lo que atenta a la libre circulación de capitales y de inversiones.

Sanciones también
desproporcionadas respecto de una declaración de patrimonio o de las que con carácter general aparecen en la Ley General Tributaria.

Sentencias judiciales y resoluciones en sede de tribunales económico-administrativos han anulado las sanciones impuestas en procedimientos de comprobación.

Previendo un resultado
desfavorable tras el dictamen motivado y sin cambiar la norma, la administración ha atenuado el criterio sancionador, a través de respuestas a consultas vinculantes, una vía de lo más extraño.

La cuestión se acabará resolviendo, como ya suele ser habitual, mediante sentencia del Tribunal del Justicia de la Unión Europea.

Los contribuyentes sancionados podrían
reclamar la devolución de las sanciones, por incumplimiento del Estado, dado que tras la recepción (en 2017) del dictamen motivado de la Unión, la administración tributaria española no ha resuelto absolutamente nada.

BLOQUEO EN ADMINISTRACIÓN DE SOCIEDAD

En una sociedad regida por dos administradores mancomunados uno de ellos abandona su cargo

La aparente paralización de la entidad tiene una solución relativamente sencilla

El establecimiento de la administración de una sociedad en la forma de dos administradores mancomunados da una cierta seguridad, en la medida en que garantiza un consenso en todas las decisiones, pero tiene por inconveniente un bloqueo de la gestión, porque siempre son precisas las dos firmas.

No obstante, es posible que existan apoderamientos hasta ciertos límites, bien entre los propios administradores, bien a favor de terceros, que puedan en ambos casos actuar por sí solos.

La cuestión aquí es que su cese no está registrado ni inscrito y, por el momento no consta que haya perdido la condición de administrador.

En consecuencia, si existen tales apoderamientos, seguirán vigentes en la medida en que no sean expresamente revocados por el administrador ausente.

Procede la convocatoria inmediata de la Junta General de socios, mediante notificación fehaciente al otro socio, a través de notario.

La opción de acudir al secretario judicial o al registrador mercantil tarda más pero quizá también es mas efectiva, porque intimida al destinatario.

Por lo general, ante la notificación del Registro Mercantil, el otro socio suele acudir de inmediato.

El artículo 171. Convocatoria [de la junta general} en casos especiales del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por medio del Real Decreto legislativo 1/2010, de 2 de julio, prevé tal circunstancia

En caso de muerte o de cese del administrador único, de todos los administradores solidarios, de alguno de los administradores mancomunados, o de la mayoría de los miembros del consejo de administración, sin que existan suplentes, cualquier socio podrá solicitar del Secretario judicial y del Registrador mercantil del domicilio social la convocatoria de junta general para el nombramiento de los administradores.

Además, cualquiera de los administradores que permanezcan en el ejercicio del cargo podrá convocar la junta general con ese único objeto.

Es decir, que el otro administrador mancomunado está legitimado para convocar una junta general que tenga por objeto la aceptación del cese y el subsiguiente nombramiento de administradores, que puede serlo de un administrador único en su caso.

Si el socio que se ha marchado no desea acudir por sí mismo a la Junta, puede delegar en un tercero para que tal persona acuda en su nombre e interés.

En cualquier caso, la aceptación del cese en el cargo de administrador deberá ser ratificada por el propio administrador mancomunado cesante por sí mismo.

Hay que tener en cuenta que este cese precipitado no exonera a tal administrador mancomunado que abandonó su cargo de las responsabilidades en que hubiera incurrido en tanto era vigente su condición de administrador.

Si no se llega a un acuerdo, entonces se está ante una de las causas que constituyen supuesto de disolución de la sociedad, como lo es el bloqueo del órgano de gobierno, tal como aparece descrita en la letra d) del apartado 1 del artículo 363. Causas de disolución de dicho Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital,

Artículo 363. Causas de disolución.

1.La sociedad de capital deberá disolverse:

d) Por la paralización de los órganos sociales de modo que resulte imposible su funcionamiento.

Normalmente, pasados unos días, este socio reacciona y acaba comunicándose con su consocio, por lo general a través de un letrado.

Conclusión

Si existe apoderamiento que permita a un gerente o director o al otro socio firmar por sí mismo ciertas transacciones, la sociedad podrá seguir operando.

No obstante, el socio que sigue ejerciendo como administrador deberá convocar junta general extraodrdinaria de socios, en el plazo más breve posible, al objeto de proceder al cese del administrador que abandonó su cargo y resolver el nombramiento del administrador o administradores de la sociedad.

GESTIÓN TRIBUTARIA: ¿23 DE ABRIL FESTIVO?

Plazos de declaración e ingresos y festivos a considerar

Cuando un plazo vence en un día que es fiesta local, provincial o autonómica se extiende hasta el inmediato hábil siguiente; pero no en todos los casos.

El plazo para presentar las declaraciones referidas a 2019-1T y 2019-03 vence el día 22 de abril, según el Calendario del Contribuyente y ese día, es festivo en algunas localidades, provincias o comunidades, pero no es un día festivo de ámbito estatal.

Los plazos previstos para presentar las autoliquidaciones e ingresar las cuotas a pagar que resulten, en su caso, se determinan en la norma sustantiva de cada tributo, tal como prevé el apartado 1 del artículo 62. Plazos para el pago de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Artículo 62. Plazos para el pago.

1. Las deudas tributarias resultantes de una autoliquidación deberán pagarse en los plazos que establezca la normativa de cada tributo.

Correlativamente, el Reglamento General de Recaudación,

Artículo 11. Ingresos de la gestión recaudatoria.

1. Los ingresos de la gestión recaudatoria, tanto en periodo voluntario como en periodo ejecutivo, se efectuarán conforme a lo dispuesto en este capítulo.

2. Si el vencimiento de cualquier plazo coincide con un sábado o un día inhábil, quedará trasladado al primer día hábil siguiente.

Entonces, se hace preciso determinar los días inhábiles. Hasta hace bien poco tal definición era distinta en las normas tributarias respecto de la establecida en el procedimiento administrativo común (por ejemplo, en los plazos a efectos tributarios los sábados se contaban como días hábiles, salvo que se tratara del último día del plazo, en tanto que en el procedimiento administrativo común eran tomados siempre como días inhábiles).

Pero ahora (des el dos de octubre de 2016) y, conforme al apartado 5 y el apartado 6 del artículo 30. Cómputo de plazos de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se tiene:

5. Cuando el último día del plazo sea inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.

6. Cuando un día fuese hábil en el municipio o Comunidad Autónoma en que residiese el interesado, e inhábil en la sede del órgano administrativo, o a la inversa, se considerará inhábil en todo caso.

Eso significa que sin una entidad, con residencia en Mataró, por ejemplo, dispone de plazo para responder a un requerimiento o interponer un recurso frente a la Dependencia Nacional de Inspección (con sede en Barcelona), porque es una gran empresa:

Si el plazo termina un 24 de septiembre, por ejemplo festivo en Barcelona, pero no en Mataró, se entenderá que vence el día hábil siguiente, porque es inhábil para el órgano administrativo destinatario del recurso.

Si el plazo terminara el día 21 de septiembre, festivo en Mataró, pero laborable en Barcelona, el plazo vencería el día 22, porque es un día inhábil en el domicilio del interesado.

El apartado 7 de ese mismo artículo establece que la administración general del Estado publicará el calendario de días inhábiles; en este caso, y por cuanto al año 2019, ese calendario se establece en la  Resolución de 29 de noviembre de 2018, de la Secretaría de Estado de Función Pública, en la que se determina que son días inhábiles:

a) En todo el territorio nacional: los sábados, los domingos y los días declarados como fiestas de ámbito nacional no sustituibles, o sobre las que la totalidad de las Comunidades Autónomas no han ejercido la facultad de sustitución.

b) En el ámbito territorial de las Comunidades Autónomas: aquellos días determinados por cada Comunidad Autónoma como festivos.

c) En los ámbitos territoriales de las Entidades que integran la Administración Local: los días que establezcan las respectivas Comunidades Autónomas en sus correspondientes calendarios de días inhábiles.

De manera que, finalizando el plazo para autoliquidar el IVA y las retenciones e ingresos a cuenta del período 2019-1T o del período 2019-03 en un día 20 que es sábado, seguido de un 21 que es domingo, ambos inhábiles y de un Lunes de Pascua que, en el caso de Catalunya y otras comunidades autónomas es también un festivo, inhábil, en este caso, el plazo para estos territorios acabará, en efecto el día 23 de abril.

Importante

Se ha de tener especial cuidado, en el caso de los asesores, con el domicilio del interesado. Porque un asesor puede estar localizado en Catalunya y estar presentando una declaración de un interesado con domicilio fiscal en Huesca y entonces, por mucho que se presente y pague desde Barcelona, el plazo termina el día 22 y no el 23.

LOTERÍA Y PRESTACIÓN POR DESEMPLEO

Premios de lotería:

La obtención de un premio de lotería es un ingreso extraordinario que no guarda relación con la base de cálculo de la prestación por desempleo

En principio, un premio de lotería es un ingreso extraordinario que no guarda relación con los rendimientos del trabajo que suponen la base de cotización a la Seguridad Social a la percepción de la prestación por desempleo.

De manera que,

o   en la medida en que el cálculo de la prestación por desempleo no tiene en cuenta la renta completa de la persona,

o   el derecho a la prestación no debe verse alterado por haber sido afortunada con un premio de la lotería.

DISPENSA PRESENTACIÓN MODELO 390

Arrendadores dispensados de la presentación del modelo 390

Si el arrendador no presenta la declaración modelo 303 del cuarto trimestre o, de hacerlo, omite los datos resumen, habrá de presentar entonces la declaración resumen anual modelo 390

Cuando un arrendador, dispensado de presentar la declaración resumen anual por el Impuesto sobre el Valor Añadido modelo 390, advierte que en el modelo 303 ha omitido la incorporación de los datos resumen, puede optar por:

o   Volver a preparar ese modelo, completando los datos del resumen anual y presentarlo como una declaración complementaria, que resultará a cero, pero te dejará.

o   Presentar un borrador de modelo con la parte de datos resumen cumplimentada, acompañada de un escrito, aportándolo en el apartado “Documentación relacionada con una declaración” que se identifica con el número de justificante del modelo presentado.

Por último,

o   Presentar, el modelo 390 con los datos en cuestión, porque en realidad lo que se desprende de la norma, en concreto del artículo 1 de la Orden Ministerial es que quienes HAP/3111/2009 es que quedan excluidos de la obligación de presentar el resumen, no que les esté prohibido.

No se podría sancionar una falta de presentación de los datos de resumen a quien ha presentado, precisamente, una declaración resumen anual.

Porque la exoneración que se articula en ciertos casos respecto de la presentación del resumen anual es una comodidad, una opción preferente, pero no es una prohibición de presentar el modelo 390

Finalmente,

o   Quienes no acaban presentando la declaración del cuatro trimestre del año, porque han cesado en esa actividad, han de presentar forzosamente el modelo 390 porque, de no hacerlo, no informarían de los datos resumen del año.

GASTOS EN GUARDERÍAS: MAYORES DE TRES AÑOS

Cuando el hijo ha cumplido tres años en el propio 2018, los gastos a considerar en la deducción se toman hasta que se inicie el nuevo curso escolar que ya no será guardería

Las madres con menores de tres años, que estén pagando gastos de guardería o de centros autorizados podrán incrementar la deducción por maternidad en los gastos que habrá comunicado a la administración tributaria la guardería o el centro, a través del modelo 233.

A los efectos de calcular esos gastos a incrementar en la deducción, si el menor ha cumplido tres años, por ejemplo en marzo de 2018, los gastos a tener en cuenta no serán solo los de enero, febrero y marzo.

Según la interpretación de la administración, los gastos a tener en cuenta serán los que se producen en 2018 hasta que se inicie el nuevo curso escolar, en el que el menor, con tres años ya cumplidos, saldrá de la guardería e iniciará la educación preescolar .

De manera que en el modelo 233 que presente la guardería o centro de educación infantil, se habrá comunicado las cuotas satisfechas desde enero hasta agosto inclusive, si estaba a cargo del centro.