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¿SOCIEDADES INTERPUESTAS? NUEVOS CRITERIOS EN LA AEAT

La Agencia tributaria ha emitido una nueva nota para dar a conocer los criterios efectivamente aplicados en los últimos procedimientos de comprobación e inspección, cuando existen sociedades por medio de las que, en la práctica, lo que se articula es la organización de un patrimonio o una actividad personal de los socios.

Esta nota da por sentado un uso de tales sociedades como entidades interpuestas, a través de las que los socios parece que pretenden esencialmente tres objetivos:

Tributar a un tipo impositivo menor que en el Impuesto sobre la Renta.

En su caso, diferir la carga impositiva, acumulando beneficios no distribuidos en la sociedad

Convertir en gastos deducibles los que son consumos estrictamente privados: de vehículos o embarcaciones, los del propio domicilio o de una segunda residencia, los relativos a salidas, viajes, restaurantes y otros,

En ocasiones, ciertamente,

O bien la sociedad carece de actividad significativa, siendo en todo punto una entidad patrimonial,

O bien es una sociedad a menudo unipersonal, que tiene por actividad la misma que ejercen los socios simultáneamente, y por la que también figuran dados de alta a título personal, distribuyendo a conveniencia la facturación.

El procedimiento que sigue la inspección en estos casos, en su versión más expeditiva se concreta en dos actuaciones específicas:

Dar por inexistente la sociedad, incluso anulando las liquidaciones por el Impuesto sobre Sociedades y reembolsando a la sociedad las liquidaciones ingresadas por ese tributo.

Atribuir las rentas generadas por esa sociedad directamente a los socios, por lo general como rendimientos de trabajo personal, e integrándolas en su declaración en el Impuesto sobre la Renta.

Esa regularización comporta una radical restricción por cuanto a los gastos deducibles y también un ajuste en las cuotas liquidadas por el Impuesto sobre el Valor Añadido.

Sin embargo, estos criterios no se concilian con las definiciones contenidas en la regulación del Impuesto sobre Sociedades, ni tampoco con la anterior nota 1/2012 acerca del tratamiento fiscal de las rentas obtenidas por los socios que son miembros del órgano de administración de la sociedad, o le prestan servicios, sea de carácter profesional, sea de trabajo personal a esa entidad.

El próximo programa de Soporte Profesional en YC – DIGITAL HALL analiza las distintas situaciones descritas en las referidas notas, establece los gastos susceptibles de regularización y las consecuencias de la traslación de las rentas de la sociedad a las declaraciones personales de los socios, a través de diversos supuestos concretos, con evaluación del mayor coste impositivo y determinación de las eventuales sanciones aplicables.

Como siempre, la exposición se desarrolla mediante casos prácticos resueltos en una herramienta Excel que los participantes obtienen al terminar la sesión. 

 

SANCIONES MODELO 720 ¿UNA NUEVA CLÁUSULA SUELO?

LAS SANCIONES POR EL MODELO 720 ¿UNA NUEVA «CLÁUSULA SUELO»?

Preparando la declaración a presentar hasta el próximo primero de abril, es posible que el asesor se encuentre ante bienes o derechos no declarados en su momento o declarados incorrectamente en su día .

Antes de dar cualquier paso, es importante tener en cuenta el
elevadísimo coste en que innecesariamente podrían incurrir los declarantes a causa del régimen sancionador.

La legislación española impone sanciones
desproporcionadas en la no presentación o en la presentación incorrecta del modelo 720 de unos datos que incluso ya le constan.

Saciones
desproporcionadas respecto de otros estados de la Unión Europea, lo que atenta a la libre circulación de capitales y de inversiones.

Sanciones también
desproporcionadas respecto de una declaración de patrimonio o de las que con carácter general aparecen en la Ley General Tributaria.

Sentencias judiciales y resoluciones en sede de tribunales económico-administrativos han anulado las sanciones impuestas en procedimientos de comprobación.

Previendo un resultado
desfavorable tras el dictamen motivado y sin cambiar la norma, la administración ha atenuado el criterio sancionador, a través de respuestas a consultas vinculantes, una vía de lo más extraño.

La cuestión se acabará resolviendo, como ya suele ser habitual, mediante sentencia del Tribunal del Justicia de la Unión Europea.

Los contribuyentes sancionados podrían
reclamar la devolución de las sanciones, por incumplimiento del Estado, dado que tras la recepción (en 2017) del dictamen motivado de la Unión, la administración tributaria española no ha resuelto absolutamente nada.

BLOQUEO EN ADMINISTRACIÓN DE SOCIEDAD

En una sociedad regida por dos administradores mancomunados uno de ellos abandona su cargo

La aparente paralización de la entidad tiene una solución relativamente sencilla

El establecimiento de la administración de una sociedad en la forma de dos administradores mancomunados da una cierta seguridad, en la medida en que garantiza un consenso en todas las decisiones, pero tiene por inconveniente un bloqueo de la gestión, porque siempre son precisas las dos firmas.

No obstante, es posible que existan apoderamientos hasta ciertos límites, bien entre los propios administradores, bien a favor de terceros, que puedan en ambos casos actuar por sí solos.

La cuestión aquí es que su cese no está registrado ni inscrito y, por el momento no consta que haya perdido la condición de administrador.

En consecuencia, si existen tales apoderamientos, seguirán vigentes en la medida en que no sean expresamente revocados por el administrador ausente.

Procede la convocatoria inmediata de la Junta General de socios, mediante notificación fehaciente al otro socio, a través de notario.

La opción de acudir al secretario judicial o al registrador mercantil tarda más pero quizá también es mas efectiva, porque intimida al destinatario.

Por lo general, ante la notificación del Registro Mercantil, el otro socio suele acudir de inmediato.

El artículo 171. Convocatoria [de la junta general} en casos especiales del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por medio del Real Decreto legislativo 1/2010, de 2 de julio, prevé tal circunstancia

En caso de muerte o de cese del administrador único, de todos los administradores solidarios, de alguno de los administradores mancomunados, o de la mayoría de los miembros del consejo de administración, sin que existan suplentes, cualquier socio podrá solicitar del Secretario judicial y del Registrador mercantil del domicilio social la convocatoria de junta general para el nombramiento de los administradores.

Además, cualquiera de los administradores que permanezcan en el ejercicio del cargo podrá convocar la junta general con ese único objeto.

Es decir, que el otro administrador mancomunado está legitimado para convocar una junta general que tenga por objeto la aceptación del cese y el subsiguiente nombramiento de administradores, que puede serlo de un administrador único en su caso.

Si el socio que se ha marchado no desea acudir por sí mismo a la Junta, puede delegar en un tercero para que tal persona acuda en su nombre e interés.

En cualquier caso, la aceptación del cese en el cargo de administrador deberá ser ratificada por el propio administrador mancomunado cesante por sí mismo.

Hay que tener en cuenta que este cese precipitado no exonera a tal administrador mancomunado que abandonó su cargo de las responsabilidades en que hubiera incurrido en tanto era vigente su condición de administrador.

Si no se llega a un acuerdo, entonces se está ante una de las causas que constituyen supuesto de disolución de la sociedad, como lo es el bloqueo del órgano de gobierno, tal como aparece descrita en la letra d) del apartado 1 del artículo 363. Causas de disolución de dicho Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital,

Artículo 363. Causas de disolución.

1.La sociedad de capital deberá disolverse:

d) Por la paralización de los órganos sociales de modo que resulte imposible su funcionamiento.

Normalmente, pasados unos días, este socio reacciona y acaba comunicándose con su consocio, por lo general a través de un letrado.

Conclusión

Si existe apoderamiento que permita a un gerente o director o al otro socio firmar por sí mismo ciertas transacciones, la sociedad podrá seguir operando.

No obstante, el socio que sigue ejerciendo como administrador deberá convocar junta general extraodrdinaria de socios, en el plazo más breve posible, al objeto de proceder al cese del administrador que abandonó su cargo y resolver el nombramiento del administrador o administradores de la sociedad.